La agencia tributaria centra su investigación en negocios que han crecido durante la pandemia o han sido poco afectados.

El pasado lunes 1 de febrero de 2021, la Agencia Tributaria publicó el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2021. Este año incorpora nuevas medidas en materia de control, inspección y recaudación tributaria, sumadas al endurecimiento de las ya existentes. La aplicación de dichas medidas se dirige a una amplia lista, entre la que destacan:

  • Lucha contra el fraude fiscal.
  • Control de las operaciones (IVA, intracomunitarias, etc).
  • Intensificación de las investigaciones de todo tipo.
  • Detección de la actividad no declarada y economía sumergida.
  •  Declaración por parte de los contribuyentes de la inversión en criptomonedas.
  • En materia de fiscalidad internacional: medidas que se encuadran en el Marco Inclusivo de BEPS, aplicación de las Directrices de precios de transferencia de la OCDE, planificación fiscal potencialmente agresiva a los que se refiere la Directiva (UE) 2018/822 (DAC 6), establecimientos permanentes, operaciones transnacionales, etc. Como vemos, afecta a todos sectores y actividades económicas, por lo que los abordaremos de uno en uno en sucesivas publicaciones.

Hoy nos centramos en el apartado relativo a la “ocultación de actividades empresariales o profesionales y uso abusivo de sociedades”.

La Agencia Tributaria justifica la intensificación de sus procedimientos de comprobación y de actuaciones preventivas en el impacto que la crisis económica puede tener sobre lasactividades empresariales y profesionales derivadas de la grave situación actual, además de continuar con el foco en los obligados tributarios reincidentes en el incumplimiento formal y material de sus obligaciones tributarias.

Para ello va a potenciar las operaciones coordinadas de lucha contra la actividad no declarada y la economía sumergida, evaluando con un mayor nivel de prioridad, en general, los riesgos fiscales de aquellos contribuyentes que pertenezcan a aquellos sectores o actividades que hayan sido menos afectados por el entorno económico desfavorable que se deriva del COVID-19 y los efectos de la pandemia o incluso sobre aquellos otros que han visto crecer su negocio precisamente como consecuencia de esta excepcional situación. La mejora constante en las aplicaciones informáticas disponibles (Big data) y la formación continua de los empleados de la Administración tributaria, permiten garantizar una mayor eficacia a estas actividades de control.

Cuando la Agencia Tributaria reconoce la existencia de signos externos de riqueza o de determinados niveles de rentabilidad financiera inconsistentes con los indicadores de actividad que resultan poco acordes a los niveles de rentas declaradas, aborda con todas las técnicas de las que dispone la tradicional tarea de investigación y, en su caso, regularización de las divergencias y contingencias fiscales de los contribuyentes afectados por estas, aún si cabe con una mayor intensidad.

Por todo ello, conviene reiterar como en años anteriores que la utilización de las formas societarias y las relaciones de estas con los socios, trabajadores, administradores o personas vinculadas con ellos, así como con otras sociedades controladas por las mismas personas, también será objeto de análisis con el fin de verificar si se está produciendo una minoración improcedente de la correcta tributación de la actividad desarrollada o una traslación de bases imponibles hacia entidades jurídicas sometidas a menores tipos.

En definitiva, la interposición de personas jurídicas cuya principal significación económica sea la de servir como instrumento para canalizar rentas de personas físicas cuya tributación se ve reducida de modo irregular por la actual diferencia de tipos impositivos seguirá siendo objeto de seguimiento general, sin perjuicio de atender a otras irregularidades como la indebida incorporación a los resultados de la actividad de gastos personales de los socios no relacionados con esta.

En base a esto, la Agencia Tributaria mantendrá en 2021, la ejecución de las siguientes líneas prioritarias de comprobación:

  • Presencia de la Administración en aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas.
  • Continuación de la lucha contra el uso de sistemas de procesamiento de la información empresarial que, instalados especialmente en las cajas registradoras, permitan la omisión, interpolación o alteración de operaciones ocultando las ventas verdaderas de una actividad.
  • Ejecutar, en el entorno de aquellas actividades económicas en las que se detecte una presencia intensiva de consumidores finales, las actuaciones de control que resulten precisas para evitar que se produzca una falta de repercusión efectiva en la última fase de la cadena del IVA.
  • La existencia de sociedades carentes de una estructura productiva real sigue siendo un modo de facilitar la ocultación de rentas efectivamente obtenidas por personas físicas. Por ello se programarán actuaciones dirigidas a evitar el uso abusivo de la personalidad jurídica con la principal finalidad de canalizar rentas o realizar gastos personales de personas físicas, de manera que se reduzcan improcedentemente los tipos impositivos aplicables.
  • Análisis de supuestos de sociedades vinculadas con una persona o grupo familiar con el fin de evaluar de modo conjunto las operaciones económicas desarrolladas y los efectos que, entre ellas, se puedan derivar en una minoración en las rentas o bases declaradas.
  • Análisis globales del conjunto patrimonial, tanto personal como del entorno familiar, de aquellos contribuyentes cuyo perfil de riesgo se pueda asociar a supuestos de división artificial de la actividad que buscan minorar indebidamente su nivel de tributación directa.

Por si esto fuera poco, las actuaciones de comprobación se completarán con otras actuaciones de información y asistencia a sectores económicos donde existe un mayor riesgo de ocultación de ingresos, incluyendo la celebración de reuniones con las asociaciones más representativas de dichos sectores.

Finaliza con un tirón de orejas dirigido a aquellos supuestos en los que se detecte que no existe una mejora en el comportamiento tributario del contribuyente regularizado, se produzca de modo inmediato una nueva actuación administrativa, es decir, no le temblará el pulso para volver a sancionar.

Desde E-Linois, esperamos que os haya servido para aclarar dudas en relación a lo que viene en materia tributaria, que no es poco.

Escrito por

-Jurista & Fiscalista internaciona. -Autora del libro "De 0 a 100 en la fiscalidad de las criptomonedas".

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