EL sistema fiscal de las comunidades autónomas

Hoy vamos a tratar un tema que está cada día en m´as bocas por su dudosa sostenibilidad, eficiencia y justicia fiscal entre los ciudadanos. Y es el sistema fiscal autonómico. Las comunidades autónomas cuentan con tributos propios, impuestos cedidos parcialmente, y otros en los que la cesión es total (todo ello regulado en la Constitución, Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades y en los respectivos Estatutos de Autonomía). Cabe mencionar que, en base a datos históricos, las comunidades autónomas han visto incrementada su recaudación por impuestos más de un 23,3%, debido a su participación en los grandes impuestos cedidos parcialmente.

Además, se debe distinguir entre el régimen común y los regímenes forales (País Vasco y Navarra) y tener en cuenta el régimen especial de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Impuesto sobre la Renta (IRPF)

Sobre este impuesto, las comunidades autónomas pueden modificar, con ciertos límites, el importe del mínimo personal y familiar; cambiar la escala autonómica, con la condición de que sea progresiva; así como establecer distintas deducciones. En cuanto a los mínimos personales, las únicas comunidades que los han regulado diferentes a los de la normativa estatal, incrementándolos, son Islas Baleares, Madrid y La Rioja. Por su parte, los tipos mínimos más bajos se encuentran en Canarias, Madrid y La Rioja, con el 9% (18,5% agregado). Otras comunidades optan por un tipo superior al estatal, que es el 9,5%: el 9,7% (19,2% agregado) la Región de Murcia, el 10% (19,5% agregado) en Aragón, Asturias y la Comunidad Valenciana; y el 12% (21,5% agregado) en Cataluña. En cuanto al tipo máximo, varía desde el 21% en Madrid, hasta el 29,5%, en la Comunidad Valenciana. Es decir, que, con la reciente subida de dos puntos de la tarifa estatal, los tipos marginales agregados del IRPF van desde el 45,5% en Madrid, hasta el 54% en Valencia.

Muchas veces se pone el foco en los tipos marginales máximos más reducidos de algunas regiones, sin tener en cuenta que algunas también apuestan por tipos más bajos para las rentas más bajas. Tal es el caso, por ejemplo, de Madrid, donde un contribuyente que cobra 16.000 euros anuales paga en IRPF casi 315 euros menos que un contribuyente de Navarra con la misma renta, siendo la Comunidad Autónoma, junto con La Rioja y Canarias, donde menos impuestos abonan los ciudadanos con los niveles de renta más bajos.

En cuanto a las deducciones por circunstancias personales y familiares, están generalizadas las aplicables a contribuyentes o familiares discapacitados, nacimiento o adopción, adquisición o alquiler de vivienda e inversión en empresas de nueva o reciente creación, generalmente están condicionadas a que no se sobrepasen determinados importes de base liquidable o a que el contribuyente se encuentre en unas determinadas circunstancias.

Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

En el Impuesto sobre el Patrimonio pueden regular las exenciones del patrimonio protegido de los discapacitados, el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones propias y complementarias a las del Estado.

El mínimo exento que se aplica por defecto es de 700.000 € y solo se ha regulado uno específico rebajado en Aragón (400.000 €), Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana (500.000 €). La tarifa que se aplica por defecto es la estatal, con 8 tramos y tipos desde el 0,2% al 3,5%, pero algunas comunidades han establecido la suya propia, destacando el caso de Extremadura, que eleva las referencias nacionales tanto de tipo mínimo como de máximo (0,3%-3,75%).

En definitiva, en todas las comunidades, incluidas las forales, se abonan unas cantidades considerables a través de este impuesto, excepto en Madrid, donde está bonificado al 100%.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las comunidades autónomas pueden mejorar las reducciones de la norma estatal, mediante el aumento del importe o del porcentaje de reducción, la ampliación de las personas que puedan acogerse a la misma o la disminución de los requisitos para poder aplicarla. También tienen capacidad normativa sobre la tarifa, la cuantía, los coeficientes del patrimonio preexistente y las deducciones y bonificaciones de la cuota. Se trata de uno de los impuestos más complicados de analizar por la variedad de casuísticas que lo impregnan. En muchos territorios se establecen reducciones importantes para los familiares cercanos, mientras que, en otros, como Asturias, Aragón, Castilla y León y los territorios forales de Guipúzcoa, Álava y Navarra, no están previstos amplios beneficios fiscales en este impuesto. De este modo, se trata de un tributo en el que, en función de la residencia del causante o del donatario, se puede pasar de una tributación simbólica a otra muy elevada, aunque el adquirente sea un hijo.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD)

Las comunidades autónomas pueden legislar, con alguna excepción, sobre los tipos impositivos a aplicar a las concesiones administrativas, transmisiones de bienes muebles e inmuebles, constitución y cesión de derechos reales sobre muebles e inmuebles.

-Modalidad de Actos Jurídicos Documentados: pueden regular el tipo de gravamen de los documentos notariales y las deducciones y bonificaciones de la cuota con relación a estos documentos. Si bien hasta hace poco el tipo para transmisiones de inmuebles y derechos reales sobre los mismos que se aplicaba en la mayor parte de las comunidades autónomas era el 7%, actualmente solo lo aplica La Rioja, además de los territorios del País Vasco. El más bajo lo tienen Madrid y Navarra, 6%, seguidas por Canarias, con un 6,5%. Mientras que en el otro extremo se sitúan Cantabria, Galicia y la Comunidad Valenciana, donde el tipo es el 10%. En Andalucía, Aragón, Asturias y Castilla y León aplican tarifas con varios tramos que, partiendo del 8%, llegan hasta el 10%. En Baleares y Extremadura las tarifas van del 8% al 11% y en Cataluña tiene dos tipos, 10% y 11%.

-Para documentos notariales en territorio común es el 0,75%, que se aplica en Canarias y en Madrid (en el País Vasco y Navarra el 0,5%). Mientras que en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana el tipo es del 1,5%.

Impuestos propios de las CCAA

Aquí existen impuestos Medioambientales y otros específicamente autonómicos con sus distintos gravámenes (más de 50), sobre actividades e instalaciones, depósitos de residuos, emisión de gases, consumo de agua o electricidad, etc., gravan de distintas maneras y con distintos tipos la realización de concretas actividades económicas, lo que mina la capacidad recaudatoria del propio Impuesto sobre Sociedades.

Conclusión

Complejidad en la gestión de los tributos, inseguridad jurídica e ineficiencia en la asignación de recursos.

Actualmente existen 858 normas autonómicas que regulan IRPF, Impuesto sobre Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones, Impuesto sobre Donaciones, Transmisiones patrimoniales Onerosas, Actos jurídicos documentados… En consecuencia, la complejidad del sistema de financiación autonómico crea una continua incertidumbre y tensión, poniendo de manifiesto que se necesita una reforma que ponga orden en el ámbito normativo y fiscal en aras a conseguir un sistema de financiación autonómica eficiente y competitivo, que reparta la responsabilidad fiscal de manera equitativa entre Comunidades, así como el esfuerzo que cada ciudadano, resida en la Comunidad que resida, se ve obligado a asumir.

Un sistema de financiación autonómico eficiente contribuiría a la mejora de la economía así como a una eficiente asignación de los recursos, apostando por una mejor ordenación de la capacidad normativa tributaria de las CC. AA. en relación con la actividad económica.

Escrito por

-Jurista & Fiscalista internaciona. -Autora del libro "De 0 a 100 en la fiscalidad de las criptomonedas".

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